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La delegada de Personal Leonor Nogales, desmiente de forma categórica las informaciones dadas por el PSOE en relación al despido de los conserjes por parte del Ayuntamiento y lamenta que confundan a la opinión pública con informaciones falsas y manipuladas.
Según Leonor Nogales es "indignante que se quiera atacar al PP diciendo que se despide a trabajadores cuando lo que se ha producido es una finalización de contrato de siete conserjes que además estaban contratados en fraude de ley".
Insiste la delegada de Personal en aclarar que la sentencia emitida por los Juzgados número 1 y 2 de lo Social de Badajoz, hace responsables de dichos despidos improcedentes al anterior equipo de Gobierno del PSOE ya que considera la "modalidad de contratación ilegal y en fraude de ley".
El ayuntamiento reitera que el equipo de Gobierno anterior "incurrió en patente fraude" de ley ya que según se desprende de la sentencia los contratos efectuados por el PSOE "no especifican e identifican suficientemente, con precisión y claridad la obra o servicio a realizar".
Por ello insiste la delegada de Personal, leonor Nogales en " la irresponsabilidad de los gestores socialistas que a sabiendas y de forma interesada permitieron que permanecieran durante sus cuatro años de mandato, estos trabajadores en un patente fraude de ley" situación de la que el PP hace responsable directo al anterior alcalde Ángel Calle.
Así mismo, el departamento de Personal insiste en aclarar que los trabajadores aludidos, fueron debidamente informados mediante un preaviso el 14 de julio de 2001, de la fecha de finalización de sus contratos, 9 de septiembre de 2011, escrito que según Nogales, los trabajadores se negaron a firmar permaneciendo en los puestos de trabajo.
La Delegación de Personal ha actuado, insiste Nogales en todo momento de forma correcta y reprocha al PSOE el haber hecho contratos de forma irregular incumpliendo con los principios de Igualdad, mérito y capacidad.
Finalmente el PP cree que podríamos estar ante "un caso claro de enchufismo y trato de favor hacia unos trabajadores en detrimento de otros, y prevaricación, porque a sabiendas de que hicieron contratos en fraude de ley, los mantuvieron cuatro años"
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